Ethnien in der Mosquitia:  Mayngnas-Sumos

Awastingni versus Nicaragua

 CIDH falla a favor de indígenas

Condenan al gobierno a pagar daños y gastos en Awas Tingni

* Se crea importante precedente internacional
* Primer fallo a favor de un grupo indígena
* También contra un gobierno y para variar.Nicaragua

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, declaró al gobierno de Nicaragua violador de los Derechos Humanos de la Comunidad Indígena de Awas Tingni. Y a la vez le ordenó que debe pagarle a esta comunidad 50 mil dólares por los daños ocasionados, por no reconocerle sus territorios ancestrales y otros 30 mil para costear los costos que pagaron los indígenas en sus juicios contra el gobierno.

En su sentencia — histórica según los grupos defensores de los indígenas — , la CIDH dice que el gobierno de Nicaragua violó la Ley Internacional de Derechos Humanos, al negar a esta comunidad su derecho a la propiedad, a la protección judicial adecuada y el derecho de igualdad ante la ley.

Y con ello, hallaron suficientes elementos para ordenar que el gobierno delimite, titule y demarque las tierras ancestrales de la comunidad de Awas Tingni, una comunidad ubicada a unos 100 kilómetros al norte de Puerto Cabezas (cercana a Waspán), y habitada por unos 800 indígenas de la etnia Sumo-Mayagna.

«Se creó un precedente internacional. Los miembros de la comunidad han luchado por décadas para proteger sus tierras y recursos naturales contra los actos y omisiones negligentes del gobierno y la usurpación de las compañías madereras», dice James Anaya, del Centro de Recursos Jurídicos para los Pueblos Indígenas, representante legal de los indígenas de Awas Tingni y uno de los que peleó para que este caso pasara de la Comisión de Derechos Humanos a la Corte de Derechos Humanos.

PRIMER CASO

Este es el primer caso que la Corte Interamericana, falla a favor de un grupo indígena americano. Y a la vez, el primero donde condenan a un gobierno (¡tenía que ser el nuestro!) por aprovecharse de la falta de títulos de tierras indígenas, y darlas en concesión a compañías madereras.

La demanda contra el gobierno inició en septiembre de 1995, con una serie de Recursos de Amparo de la comunidad Mayagna de Awas Tingni, contra el Ministerio del Ambiente, MARENA, por el otorgamiento de una concesión maderera a la empresa SOLCARSA (Sol de Corea S.A), en las tierras de esta comunidad indígena. Algunos de los recursos fueron interpuestos antes de que el gobierno diera la concesión a los coreanos. Pero, aún con eso, el gobierno dio la concesión en 1997. Cuando ya lo habían hecho, los asesores legales de los indígenas, entonces al frente de la abogada María Luisa Acosta, introdujeron otros recursos porque, el gobierno, dio concesiones sin tomar en cuenta al Consejo Regional Autónomo del Atlántico Norte.

Pero de poco sirvieron, dice ahora la abogada Acosta, del Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas, CALPI. Fue entonces que llevaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la OEA. Aquí, esa comisión intentó en dos años y medio hacer arreglos con el gobierno, pero fue imposible porque el gobierno no cedió. Como no hubo arreglo, en junio de 1998, el caso pasó a la CIDH.

ORDENAN CREAR LEY DE DEMARCACION DE TIERRAS INDIGENAS

La Corte no perdonó. Declaró al gobierno «violador de la propiedad de tierras indígenas», pese a que la Constitución del país reconoce el uso, goce y disfrute de las tierras indígenas de la Costa Atlántica. Violador por no demarcar las tierras; por no darle títulos y por dar concesiones violando los derechos de los indígenas.

"Es que el gobierno es de la filosofía de que, como no tienen títulos, las tierras son del Estado", dice Acosta que, por demás, cuenta que en su resolución (de 107 hojas y acordada en noviembre del año 2000), la CIDH, le ordena al gobierno crear una ley para demarcar las tierras indígenas de toda Nicaragua. Y no sólo eso. El gobierno deberá reportarse ante la CIDH cada cinco meses, y enviar los resultados de lo que ha hecho en el cumplimiento de esta resolución. Una victoria plena después de 2 años y medio en la Comisión de Derechos Humanos, 3 en la CIDH y 4 Recursos de Amparo en Nicaragua. Vale decir que tres años atrás, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se había pronunciado a favor de los indígenas, pero al gobierno no le importó.

Según la sentencia de la Corte, el gobierno siempre puso medidas «efímeras e ineficaces» para proteger las tierras de los indígenas. Pero con esta resolución, deberán ser más serios (y no sólo Nicaragua, sino toda Latinoamérica), y proteger de verdad a los indígenas, dice por su parte el señor Amstrong Wiggins, del Centro de Recursos Jurídicos para los Pueblos Indígenas, con sede en Washington.

La sentencia de la CIDH, aparte de declarar violador de los Derechos Humanos, al gobierno; le obliga a que debe pagarle 50 mil dólares a los indígenas. Ese dinero se le puede entregar a los indígenas en caminos, carreteras, servicios de agua y luz o lo que los indígenas quieran. Pero los otros 30 mil, esos, deberán ser en efectivo, porque es apenas un tercio de todo lo que costó el juicio. Es una rebaja. Y eso deben pagarlo.

Joaquín Tórrez A., Managua
(übermittelt im September 2001)